Independientemente de suponer un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial y el poder ejecutivo, el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda ha puesto de manifiesto unas deficiencias que sitúan esta futura disposición ante el riesgo del recurso de inconstitucionalidad tanto desde los partidos de la oposición como desde las fuerzas autonomistas y regionalistas.
Entre otras deficiencias, el CGPJ ha denunciado invasión de competencias autonómicas y conflictos con otras disposiciones de derecho privado, como el Código Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos. La cuestión es que, tanto si es recurrida por inconstitucional como si se queda como está, probablemente retraerá la inversión de capital en edificación residencial; en el primer caso por la inseguridad e inestabilidad que produce no saber cómo quedará el texto definitivo y, en el segundo por la “seguridad” de que habrá problemas de interpretación en los tribunales y en las administraciones, más allá del efecto paradójico de la sobreprotección de algunas leyes que, buscando la protección del más débil, consiguen justo lo contrario.
De momento, mientras siga pendiente su tramitación, primero en el Gobierno y después en el Parlamento ya es desincentivadora. De todas maneras le cabe a cualquiera de ellos, sin que eso suponga allanarse a las denuncias del CGPJ, por lo menos revisar y arreglar los puntos que han sido denunciados.