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Entra en vigor el Real Decreto-ley 39/2026: nuevas reglas sobre transparencia salarial, condiciones laborales y protección frente a represalias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto-ley 39/2026, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, el reglamento de igualdad retributiva (RD 902/2020), la Ley de Empleo, el decreto sobre información de condiciones de trabajo (RD 723/2026), la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) y la Ley de Contratos del Sector Público.

La reforma refuerza las obligaciones de las empresas en materia de transparencia salarial, previsibilidad de las condiciones laborales y protección de los derechos de la plantilla.

Transparencia salarial e igualdad retributiva

  • Ofertas de empleo transparentes y accesibles: Las vacantes deberán incluir la retribución inicial, emplear denominaciones neutras respecto al género y contar con un formato accesible para personas con discapacidad. Además, queda prohibido preguntar a los candidatos por su historial salarial.

  • Derecho a conocer las medias salariales (incluso tras dejar la empresa): Las personas trabajadoras podrán solicitar una vez al año información sobre su propia retribución y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor, con un plazo máximo de respuesta de dos meses. Este derecho también podrá ejercerse dentro del año siguiente al cese en la empresa, y las compañías estarán obligadas a informar anualmente a toda su plantilla sobre la existencia de este derecho.

  • Fin a la confidencialidad salarial y conservación del registro: Se declaran nulas las cláusulas que impidan divulgar la propia retribución. Asimismo, las empresas deberán conservar el registro retributivo y los datos que sirvan de soporte durante cuatro años.

  • Control de la brecha salarial: Las empresas de más de 100 trabajadores deberán justificar en el registro salarial cualquier diferencia retributiva entre sexos igual o superior al 5 % (en el resto de supuestos obligados, el umbral se mantiene en el 25 %), y corregir las diferencias no justificadas en un plazo máximo de seis meses. Además, las empresas de 50 o más empleados deberán comunicar información sobre brecha de género a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva (anualmente las de 250 o más empleados y cada tres años las de 50 a 249), con una primera remisión antes del 8 de junio de 2027 para empresas de 150 o más trabajadores y antes del 8 de junio de 2031 para las de entre 50 y 149.

  • Más plazo para reclamar: Las acciones por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación retributiva pasan a prescribir a los tres años desde el cese de la situación discriminatoria (frente al plazo general anterior de un año).

Condiciones laborales previsibles y blindaje contra represalias

  • Información desde el primer día: Se elimina el requisito de que la relación laboral dure más de cuatro semanas; a partir de ahora, toda persona trabajadora y la representación legal deberán recibir información sobre los elementos esenciales del contrato con independencia de su duración.

  • Límites al período de prueba: Se fijan topes generales de 6 meses para técnicos titulados, 2 meses para el resto de la plantilla (3 meses en empresas de menos de 25 trabajadores) y 1 mes en contratos temporales de 6 o más meses, con reducción proporcional si duran menos de 6 meses. No obstante, los convenios colectivos podrán ampliar estos límites por causas justificadas.

  • Horas complementarias a tiempo parcial: Se reconoce el derecho a rechazar tareas asignadas sin respetar el preaviso legal y a cobrar las horas complementarias que sean canceladas por la empresa.

  • Pluriempleo y paso a empleos más estables: Las restricciones para trabajar en varias empresas solo podrán basarse en causas objetivas como salud, seguridad o confidencialidad. Por otro lado, se crea un procedimiento específico para que la plantilla pueda solicitar el paso a empleos más estables.

  • Protección frente a represalias: Se incorpora expresamente el derecho a no sufrir trato desfavorable, perjuicio o represalia por ejercer o reclamar derechos laborales, declarando nulas las decisiones empresariales de este tipo.

Endurecimiento de sanciones y contratos públicos

La falta de información previa o sobre elementos esenciales del contrato, no informar sobre vacantes y los incumplimientos relativos al registro retributivo pasan a tipificarse como infracciones graves, mientras que las represalias frente a reclamaciones laborales se consideran infracción muy grave. En el ámbito de la contratación pública, la discriminación retributiva acreditada o el incumplimiento reiterado de la transparencia salarial podrá acarrear penalidades e incluso la resolución del contrato.