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El 1 de julio, el Gobierno y los agentes sociales han suscrito el esperado acuerdo sobre las pensiones en el contexto del Fondo Europeo de Recuperación, para cuya percepción los halcones del norte de Europa han impuesto severas condiciones de equilibrio fiscal. En efecto, de los 19.000 millones de euros que España ha de recibir en 2021, la parte a librarse en el mes de diciembre -10.000 millones- está condicionados a dos acuerdos en el ámbito social: la reforma del mercado de trabajo y el acuerdo sobre las pensiones.

Hablamos de acuerdos porque Europa no se conforma con que el Parlamento español apruebe las normas necesarias – cambios en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social-, sino que pretende que esas normas sean el fruto de un acuerdo del Estado con sindicatos y patronales, lo que dotaría a esas nuevas normas de unas supuestas legitimidad y estabilidad a prueba de variaciones en la representación parlamentaria.

Por lo que se refiere a las pensiones, se han debido casar el equilibrio fiscal que exige la Unión Europea con las reivindicaciones de los sindicatos sobre los derechos de los pensionistas. Y en el medio los empresarios que esperan los recursos financieros del Fondo de Recuperación como el agua de lluvia y que además, representan a los autónomos y a sectores con enormes reestructuraciones de personal a la vista, como es el bancario.

Lo más sonado del acuerdo sobre pensiones han sido la regla de actualización conforme al incremento del IPC (¡Atención, solo al incremento, no a la disminución!) y la supresión del factor de sostenibilidad, el impopular mecanismo con el cual se pretendía ajustar las pensiones a la esperanza de vida de la población, precisamente lo que le faltó a este mecanismo que jamás llegó a estar operativo.  El que venga detrás, ya se apañará, parecían querer decir los sindicatos. Bueno, no será así del todo, porque el presupuestariamente riguroso Ministro Escrivá ha aceptado quitar el factor de sostenibilidad a cambio de que se apruebe otro sistema de garantice la solidaridad intergeneracional. De hecho, el prudente pero intelectualmente indoblegable Ministro no pudo evitar sincerarse en una entrevista televisiva al día siguiente al acuerdo para matizar que las generaciones del “baby boom” tendrán que asumir recortes para hacer viable un sistema insostenible en los términos actuales.

Sin embargo, las medidas más importantes del acuerdo sobre pensiones o, por lo menos, las que más espacio ocupan en el documento del acuerdo son las tendentes a retrasar la jubilación. El Gobierno ha hablado de igualar las edades real y legal de jubilación pero, en definitiva, lo que se pretende es reducir el gasto por pensiones desincentivando la jubilación anticipada e incentivando para empleados y empleadores demorar la jubilación. Se aumentarán los coeficientes reductores por anticipación de la jubilación, se premiará con un 4% anual o con una cantidad al contado la prolongación de la vida laboral después de la edad de jubilación, se exonerará de cotización a las empresas por los empleados que hayan cumplido la edad de jubilación y se bonificará en un 75% la cotización para trabajadores mayores de 62 años en procesos de IT.

Otra de las medidas sonadas ha sido la prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, que solo será posible en sectores con infrarepresentación femenina, con la contrapartida de sustituir al jubilado por una mujer.

En términos de equilibrio fiscal y reorganización presupuestaria, destaca el objetivo de financiación de las pensiones no contributivas con cargo a impuestos, de manera que las cotizaciones de empresarios y trabajadores sean finalistas, o sea  se destinen exclusivamente a sufragar las pensiones contributivas.

Una de las grandes novedades del acuerdo es la instauración progresiva a partir de 2022 del sistema de cotización por rendimientos fiscales para los autónomos.

Tanto como sistema de prevención de fraude como para evitar la incertidumbre e inseguridad jurídicas, se instaurará un sistema cotización de los becarios a un tipo reducido en el 75%, lo que producirá carreras de cotización más largas y, a la vez, proporcionará seguridad jurídica a las empresas formadoras que se han visto expuestas a interpretaciones restrictivas de la Inspección de Trabajo.

En términos generales, desde la perspectiva del empresario, el acuerdo es positivo tanto por el hecho de la desvinculación de las cotizaciones de las prestaciones no contributivas, como por la rebaja en las cotizaciones en los casos de IT a partir de los 62 años. Tendremos una opinión más formada cuando el legislador toque hueso y entre a redactar los textos legales.  El Consejo de Ministros del martes 6 de julio aprobará el anteproyecto de ley con el que arranca el proceso.