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El Ministerio de Trabajo y Economía Social sacó a consulta pública el pasado 14 de junio, y hasta 28/06/2022, un anteproyecto de ley para transponer dos directivas europeas relativas a la transparencia y previsión de las condiciones laborales y a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
Dicha ley tiene la finalidad de transponer al ordenamiento español la Directiva 2019/1152, de 20 de junio de 2019, y la Directiva 2019/1158, de 20 de junio de 2019. La primera es relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, mientras que la segunda es relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, en la que se incluye la exigencia de incorporar a la legislación nacional un permiso para cuidadores de cinco días laborales al año, en caso de enfermedad grave o dependencia de un familiar.
Estas directivas europeas pretenden que existan permisos parentales para el cuidado de los hijos e hijas, retribuidos e intransferibles, que garantizarían el disfrute flexible de los mismos -ya sea a tiempo parcial, a tiempo completo o de manera acumulada-. Con esta ley todas las personas trabajadoras conservarían su derecho a ausentarse del trabajo, “sin menoscabo de sus derechos laborales, por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes o inesperados”. Asimismo, aquellos trabajadores que sean progenitores y cuidadores podrían adaptar su calendario de trabajo a sus necesidades y preferencias personales.
Además, hasta 30/06/2022 están abiertos también los trámites de audiencia e información pública sobre:
El Proyecto de orden por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de los procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y de los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
El proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, y el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de Administración Electrónica.